El SEPE podrá retirar el subsidio a los desempleados mayores de 52 años que se nieguen a hacer cursos

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en España ha emitido un recordatorio dirigido a los desempleados que son beneficiarios de la ayuda de desempleo para mayores de 52 años. Este mensaje tiene como objetivo reafirmar las expectativas y obligaciones inherentes a la recepción de la prestación, que incluyen la búsqueda activa de empleo y la participación en cursos de formación propuestos o adecuados. 

Según esta indicación del SEPE, un incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones severas, que pueden extenderse desde una suspensión temporal de la prestación hasta su extinción irreversible. Además, un rechazo injustificado de ofertas de trabajo o cursos de formación se sanciona con la pérdida de la prestación durante un período de tres meses tras el primer incumplimiento, y de seis meses en caso de un segundo incidente. Un tercer incumplimiento podría resultar en la retirada definitiva del subsidio. 

Según los informes, una proporción significativamente pequeña de desempleados logra obtener un empleo a través de las ofertas publicadas por el SEPE. De esta población, el porcentaje de aquellos que dejan de ser demandantes de empleo por 'otras causas' (es decir, aquellos a los que se les retira la prestación por rechazar una oferta de trabajo o de formación) es de apenas el 10%. 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ha admitido que es difícil determinar cuántos de los desempleados fueron dados de baja como resultado directo de su rechazo a una oferta de empleo o actividad formativa.       

Además, existen otras infracciones graves que pueden llevar a la retirada del beneficio, como la falta de notificación de la baja en la prestación en el momento en que ocurren situaciones que resultan en la suspensión o extinción del derecho. 

 

Según la normativa del SEPE, la infracción de no comunicar las bajas en las prestaciones se sanciona directamente con la extinción del derecho a la prestación. El carácter singular del subsidio para mayores de 52 años establece que se trata de una ayuda de 480 euros mensuales que los desempleados pueden acceder una vez hayan cumplido esta edad y hayan agotado el paro o el subsidio por desempleo. 

Esta prestación puede prolongarse hasta la edad legal de jubilación si el receptor no encuentra un empleo antes de este período. Teniendo en cuenta la complicada situación laboral en la que se encuentran los individuos mayores (debido a dificultades crecientes para acceder al mercado laboral debido a su edad), esta prestación cuenta con la ventaja exclusiva de cotizar para la jubilación. 

El responsable de estas contribuciones es el propio SEPE, que contribuye con el 125% de la base mínima de cotización que esté vigente cada año. Este subsidio, por tanto, se percibe de manera continua hasta la edad legal ordinaria de jubilación, a menos que el desempleado encuentre un trabajo antes o sus condiciones económicas cambien de manera drástica. 

 

Para garantizar que este procedimiento se cumple, el SEPE exige a los más de 400.000 beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años existentes en toda España que hagan una declaración anual de rentas. 

Esta declaración, cabe destacar, es diferente de la Declaración de la Renta que se presenta a la Agencia Tributaria. Además, el SEPE limita los ingresos del desempleado para que este pueda acceder al subsidio para mayores de 52 años. Así, el beneficiario del subsidio está obligado a presentar una declaración anual de ingresos para que la administración pueda revisar que no ha habido un incremento significativo en sus ingresos que obligue a la suspensión del derecho. 

Esta obligación se aplica incluso en casos en que los ingresos no hayan experimentado un cambio significativo en los últimos 12 meses. El propósito de este procedimiento es verificar que los ingresos del beneficiario no haya superado el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante el último año, que es un requisito esencial para mantener la prestación. Es decir, si el individuo supera los 810 euros mensuales de ingresos (es decir, el 75% del SMI, que se incrementaría a 1.080 euros mensuales tras la última subida aprobada por el Gobierno para 2023), el subsidio puede verse amenazado. 

Esta declaración anual de ingresos debe ser presentada obligatoriamente a los 12 meses desde que los servicios de empleo reconocieron el subsidio o desde la última reanudación, independientemente de si ha habido cambios en los ingresos o no. En palabras del propio SEPE, a falta de esta declaración, se interrumpirá el pago del subsidio y la correspondiente cotización a la seguridad social.

 

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), es una entidad española encargada de gestionar las políticas de empleo y los programas de formación para trabajadores. Esta institución juega un papel crucial en el mercado laboral español, proporcionando una amplia gama de servicios tanto para empleadores como para buscadores de empleo. 

Entre sus funciones más destacadas se encuentra la gestión de las prestaciones por desempleo, ofreciendo apoyo económico a aquellos individuos que se encuentran en búsqueda activa de trabajo. Además, el SEPE es responsable de la orientación laboral, promoviendo la inserción y reinserción laboral a través de programas de formación y cualificación profesional adaptados a las necesidades del mercado de trabajo actual.

Además de sus funciones relacionadas con el desempleo y la formación, el SEPE también actúa como un puente entre empleadores y candidatos, facilitando la búsqueda de trabajo y la selección de personal. 

A través de su portal web, el SEPE ofrece un amplio catálogo de ofertas de empleo, permitiendo a los usuarios inscribirse y postularse a diferentes posiciones. Este servicio digital se complementa con una red de oficinas distribuidas por todo el territorio español, donde los profesionales ofrecen asesoramiento personalizado y apoyo en la gestión de trámites. 

Así, el SEPE se consolida como una pieza fundamental en la estructura del mercado laboral en España, contribuyendo significativamente a la reducción del desempleo y al fomento de una fuerza laboral cualificada y competitiva.